MANUEL RIVA / LA GACETA

El 9 de diciembre de 1985, 30 años atrás, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal condenó a prisión perpetua al general Jorge Videla y al almirante Emilio Massera; y al brigadier (R) Orlando Agosti a cuatro años y medio de prisión. Eran los miembros de la primera junta militar del Proceso de Reorganización Nacional que derrocó a Isabel Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976.

De la segunda junta, al general Roberto Viola recibió la pena de 17 años de cárcel; y para el almirante Armando Lambruschini fueron 8 años de prisión. Resultaron absueltos el general Leopoldo Galtieri, el almirante Isaac Anaya y los brigadieres Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo.

Todos los condenados además de prisión recibieron la pena de inhabilitación absoluta perpetua con la accesoria de destitución.
  
La sentencia firmada por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio señalaba en uno de sus párrafos que “optaron por la puesta en marcha de procedimientos clandestinos e ilegales sobre la base de órdenes que en el ámbito de cada uno de sus respectivos comandos, impartieron los enjuiciados”. Y agregaba: “se cometieron en perjuicio de gran cantidad de personas, tanto pertenecientes a organizaciones subversivas como ajenas por completo a ellas, y que tales hechos consistieron en el apresamiento violento, el mantenimiento de detención en forma clandestina, el interrogatorio bajo tormentos y, en muchos casos, la eliminación física de las víctimas, lo que fue acompañado en gran parte por el saqueo de los bienes de sus viviendas”. También rechazaron en la sentencia la justificación, de las defensas de los comandantes, de la violación a los derechos humanos como producto de la guerra.

Poco más de un año después, el 30 de diciembre de 1986, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conformada por José Severo Caballero, Augusto César Belluscio, Carlos Santiago Fayt, Enrique Santiago Petracchi y Jorge Antonio Bacqué, confirmaba la sentencia que habían sido apelada por los defensores de los militares.

El alegato de Strassera

“La comunidad argentina en particular, pero también la conciencia jurídica universal me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia” comenzaba su alegato acusatorio el fiscal Julio César Strassera, para agregar “razones técnicas y fácticas tales como la ausencia de un tipo penal específico en nuestro derecho interno que describa acabadamente esta forma de delincuencia que hoy se enjuicia aquí y la imposibilidad de considerar uno por uno los miles de casos individuales--, me han determinado a exhibir, a lo largo de diecisiete dramáticas semanas de audiencia, tan solo 709 casos que no agotan, por cierto, el escalofriante número de víctimas que ocasionó, lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país”. Y agregaba que “pero no estoy solo en esta empresa. Me acompañan en el reclamo más de nueve mil desaparecidos que han dejado, a través de las voces de aquellos que tuvieron la suerte de volver de las sombras, su mudo pero no por ello menos elocuente testimonio acusador”.

Strassera cerró su alegato que se extendió durante siete jornadas con la famosa frase “quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores Nunca Más”

Opiniones tucumanas

En Tucumán las opiniones, al día siguiente de conocerse la sentencia fueron disímiles. Mientras el presidente del radicalismo local, Isauro Martínez opinaba que “es de una enorme significación política que, por primera vez, la justicia ordinaria haya juzgado a un gobierno militar en América Latina. Esto implica, sin dudas, para la Argentina y los pueblos de América del Sur la afirmación de la democracia”. El presidente del partido justicialista, Eduardo Posse Cuezzo manifestaba que “como hombre de derecho, soy respetuoso de las decisiones judiciales. En cuanto a los fallos en sí, no puedo dar opinión definitiva, sería irresponsable, sin conocer directamente las actuaciones judiciales labradas al respecto”. El representante de la democracia cristiana, Arturo Ponsati, consideró que “el fallo de la Cámara Federal tiene el valor de construir un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país y de América Latina, en cuanto a sanción ejemplificadora para todos aquellos que pretendan combatir el terrorismo con un terrorismo de estado doblemente criminal”. Pero objetó las penas al señalar que “aparecen desproporcionadas con relación a la gravedad de los crímenes probados, en especial en lo que a las primera y segunda junta militar se refiere, cuyas responsabilidades son colectivas y determinantes de la violación sistemática de los derechos humanos”. A su tiempo Segundo Giménez, delegado regional de la CGT, señaló que “son justas las penas aplicadas a Videla y Massera, pero no son justas las que se les dictó a los demás ex comandantes porque son igualmente responsables de todo lo acontecido en el país”. El Partido Obrero consideró que “el juicio ha significado una farsa política, no sólo porque varios de los principales implicados en el genocidio han quedado en libertad, sino porque a través del punto final, se persiguió y se persigue la amnistía de la totalidad de los cuadros de las fuerzas armadas implicados en violaciones a los derechos humanos”.

En Buenos Aires

La presidente de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, al retirarse de la sala antes del final de la lectura expresó: “es vergonzoso que se haya absuelto a cuatro de los nueve comandantes” y agregó que “la ética en la Argentina se va a recuperar cuando los asesinos y los torturadores sean juzgados por una justicia absolutamente independiente”.

El titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Emilio Mignone, y el fiscal de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, se mostraron insatisfechos por la sentencia pero rescataron el inicio de los juicios a los jefes militares. Para Mignone “las penas son extremadamente bajas por los enormes delitos cometidos en los casos de Viola, Lambruschini y Agosti”, pero manifestó su satisfacción por las dictadas para Videla y para Massera.

El juicio a las juntas se gestó a partir del decreto 158 del 15 de diciembre de 1983, dictado por el entonces presidente Raúl Alfonsín, que ordenó enjuiciar a los militares. Ese mismo día creó la Comisión Nacional sobre la Desapareción de Personas (Conadep) para investigar los casos de violación de derechos humanos.